viernes, 2 de febrero de 2018

LA LABOR DEL PSICOLOGO JURIDICO

El psicólogo jurídico es un profesional de la Psicología con formación específica en Psicología Jurídica, lo que supone compentencias básicas respecto a:




- Psicología Clínica

- Evaluación y diagnóstico

- Realización de informes periciales

- Capacidad de asesoramiento a clientes y abogados en el aspecto psicológico de un tema legal

- Amplia experiencia en la administración e interpretación de test psicológicos, incluyendo test proyectivos (Rorschach, TAT, técnicas proyectivas para psicodiagnóstico infantil, etc)

- Dotes de comunicación para la explicación y ratificación en juicio de los informes periciales realizados

EL PSICOLOGO JURIDICO EN DERECHO DE FAMILIA

El psicólogo jurídico en Derecho de Familia


El Psicólogo Jurídico interviene en los procesos de divorcio, especialmente cuando la pareja tiene hijos menores, situándose su intervención en diferentes momentos: de forma previa a la separación, durante el proceso y en ocasiones después de la separación o divorcio.


En el ámbito del Derecho de Familia, el psicólogo puede actuar desde una doble vertiente: como psicólogo clínico, ayudando a las personas a superar el proceso de duelo y ayudarle en el proceso de adaptación y reencuadre de su nueva vida, o como psicólogo jurídico forense, emitiendo informes periciales referidos a la idoneidad de los padres para ejercer la custodia de los hijos menores.


CUSTODIA

En los procesos de divorcio, uno de los temas más espinosos suele ser la custodia de los hijos menores.


Hasta hace pocos años lo habitual, salvo raras excepciones, era que la custodia la ostentase la madre y el padre tuviera un régimen de visitas más o menos amplio, así como la obligación de pasar una pensión de alimentos a los hijos.


Esta situación no siempre era la ideal, ya que a priori, no tiene por qué darse por sentado que la madre sea la más idónea para el cuidado de los hijos, y en ocasiones, la custodia era una forma de conseguir mantener las condiciones económicas previas al divorcio. 

Hoy en día, con la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral y la mayor implicación de los padres en el cuidado de los niños, la situación de custodia siempre para la madre ha sido ampliamente cuestionada y ya no es la opción única, y muchas veces tampoco la mejor. Afortunadamente la corriente que se va abriendo camino se basa en el principio jurídico de protección del menor, por lo que se está cambiando hacia una custodia compartida, o la custodia paterna en caso de mayor idoneidad parental.


MEDIACION



Los procesos de divorcio son evidentemente dolorosos. Se ha roto la pareja y cada uno intenta conseguir unas medidas y condiciones lo más ventajosas posibles para emprender una nueva vida. Sin embargo, entrar en luchas para conseguir lo máximo posible, o por dar lo mínimo posible, es cuanto menos absurdo: una cosa es que la pareja se rompa y otra muy diferente que se tengan que convertir en enemigos irreconciliables. Aquí tienes información sobre los estilos de afrontamiento del conflicto





Cualquier persona en un proceso de divorcio, debería intentar mantener una actitud lo más conciliadora posible, que no significa claudicar ante todo, simplemente actuar con criterio, pero ¿es posible mantener la objetividad cuando hay motivos para sentir rencor? probablemente no, es muy complicado, por ello, una solución que puede resultar beneficiosa para ambos es la figura del mediador: normalmente psicólogo o abogado, con experiencia en la resolución de los conflictos que se crean en el proceso de negociación de un divorcio. Puedes ver qué es la mediación

SINDROME DE ALIENACION PARENTAL

Un divorcio es un proceso duro. Es cierto, pero ¿es algo elegido por los hijos? Nos pasamos la vida diciendo a nuestros hijos que deben querer a su padre y a su madre, siendo el ejemplo, y un buen día, esos héroes se convierten en villanos, simplemente porque si "papá y mamá dejan de quererse", se involucran a los hijos, haciéndoles parte de un conflicto para el que no están preparados y haciéndoles tambalear todo su mundo. Es claramente un tipo de maltrato psicológico hacia el menor.



Obviamente no todos los padres o madres son maravillosos, y en ocasiones incluso son manifiestamente perjudiciales, pero, eso es algo que debe establecerse por una vía diferente de la de la hostilidad o la búsqueda de hacerle pagar por el daño que han hecho. Un divorcio puede llegar por una infidelidad, por ejemplo, pero eso es un asunto entre adultos, no se puede hacer partícipe de ellos a niños que no tienen capacidad de comprender la situación o que simplemente no tienen la edad adecuada para asimilar cierta información. Son los jueces y fiscales, a través de los procedimientos más adecuados, y tras evaluar la situación deben decidir cómo se articularán las relaciones entre los niños y sus padres. Ellos conocen los hechos, y no están teñidos por el dolor, con lo que se debería conseguir una imparcialidad en el proceso.

LA PROTECCIÓN DE MENORES DESDE LA PERSPECTIVA DEL PSICÓLOGO FORENSE

En materia de protección de menores existen dos instancias con capacidad jurídica de decisión: la primera de ellas es la Entidad Pública u órgano competente de cada Comunidad Autónoma, en el caso de Madrid es la Comisión de Tutela del Menor. La segunda instancia es judicial y corresponde a los Juzgados de Familia.



Nuestra legislación además confiere un importante papel al Ministerio Fiscal, al que le corresponde la vigilancia de las actuaciones administrativas y la propuesta ante la autoridad judicial de las medidas que considere en beneficio de los menores objeto de protección

Los principales referentes legislativos a nivel nacional en materia de protección de menores son la Ley 21/87, que modifica algunos artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción, y la Ley 1/96 de Protección Jurídica del menor.

DIVORCIO CONTENCIOSO Y CUSTODIA

En multitud de ocasiones los divorcios contenciosos desembocan en una lucha sin cuartel en los Juzgados. Desgraciadamente este tipo de divorcios suelen ser consecuencia de rencores y deseos de castigar a la pareja, y normalmente esto se realiza de dos formas: intentando un resarcimiento económico o intentando evitar que la ex pareja tenga acceso a los niños. 



A pesar del miedo inicial por parte de los padres a perder la custodia de los hijos, la tendencia actual de otorgar la custodia compartida aún no está completamente implementada y muchas veces uno de los progenitores necesita demostrar su idoneidad para acceder a un régimen de visitas más amplio, acorde con las necesidades afectivas de niños y padres.

MOTIVOS DETERMINANTES DEL CAMBIO DE CUSTODIA





Los prerrequisitos para valorar un cambio de custodia son:


A) Cambio significativo en las circunstancias en las que se determinó inicialmente la custodia


B) Inadecuado ejercicio de la custodia por el titular de la misma, por incapacidad o coyuntura que interfiera


C) Problemas adaptativos de los hijos cuyo origen o mantenimiento pueda relacionarse con el desempeño parental de quien ejerce la custodia

REFLEXIÓN ANTES DE SOLICITAR LA CUSTODIA

Un poema a tener en cuenta antes de iniciar un proceso en el que solicitas la custodia de tus hijos. Tal vez, ellos deseen otra cosa para sus propias vidas. 




Tus hijos no son tus hijos (Kahlil Gibran)

Tus hijos no son tus hijos 
son hijos e hijas de la vida 
deseosa de si misma. 
No vienen de ti, sino a través de ti 
y aunque estén contigo 
no te pertenecen.


LA LABOR DEL PERITO PSICOLÓGICO

Los psicólogos peritos deben ser Psicólogos Colegiados para poder ejercer su profesión, además deben tener acreditada una formación de posgrado en Psicología Jurídica que garantice su especialización.


A pesar de que no es necesario que el Perito Psicólogo sea a su vez Psicólogo Clínico, es muy recomendable que se dediquen a la práctica clínica además de a la forense, ya que su experiencia en el campo clínico favorece su trabajo a la hora de elaborar una pericial.

Cuando un psicólogo es designado para actuar como perito psicológico en los Tribunales, requiere poseer unos conocimientos especializados, habilidades y capacidad de juicio. Estos profesionales deben ser objetivos en sus conclusiones, y su labor es ayudar a los Tribunales para formarse una opinión respecto a temas psicológicos.

SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL(SAP): UNA FORMA DE MALTRATO INFANTIL






El modelo tradicional de familia en los últimos años ha sufrido grandes cambios, tanto en sus estructuras como en sus interacciones, por lo que la legislación ha tenido que regular las relaciones entre los hijos de padres y madres separados. El articulo 94 del Código Civil Español establece que "el progenitor que no tenga consigo a los hijos menores o incapacitados gozará del derecho de visitarlos, comunicar con ellos y tenerlos en su compañía; el Juez determinará el tiempo, modo y lugar del ejercicio de este derecho, que podrá limitar o suspender si se dieren graves circunstancias que así lo aconsejen o se incumplieren grave y reiteradamente los deberes impuestos por resolución judicial". 

Sea cual fuere el miembro de la pareja con quien conviva el niño se ha de garantizar la relación con ambos tras la separación; los regímenes de visitas tienen varias e importantes funciones psicológicas para el desarrollo de la infancia: las visitas protegen los derechos del menor de acceso al progenitor no custodio, al igual que los de este último; así mismo, se protege el vínculo emocional entre el niño y sus progenitores.

EL ROL DEL NIÑO EN LA DINÁMICA FAMILIAR POST-DIVORCIO

Un proceso de divorcio no es simplemente una situación de conflicto entre la pareja, cuando hay hijos, estarán involucrados dentro del proceso de divorcio y sus relaciones con los progenitores van a verse afectadas por la posición en la que les sitúan sus propios padres.







Niño hipermaduro: algunos niños aparentan una madurez superior a la que les corresponde por su edad. Cabría preguntarse si ya eran así antes del divorcio o han tomado esta postura al enfrentarse a la propia inmadurez de sus padres.


MEDIACIÓN: ACUERDOS EXTRAJUDICIALES A MEDIDA DE AMBOS CÓNYUGES

La separación conyugal esta conside­rada como un proceso estresante que afecta a diversas áreas de la vida de un sujeto, como la familiar, la emocional, la económica, la social, la laboral y la legal. La separación supone también la pérdida de la principal fuente de refuerzo y de apoyo social, además genera inestabilidad, inseguridad, desprotección y nerviosismo en todos los miem­bros de la familia 


Esta situación implica, de forma directa la reorganización y reestructuración ,de la vida de los cónyuges y de los hijos, pero afecta también de forma indirecta a la familia en su globalidad 

La separación se produce en varias fases o etapas, en cada una de ellas se dan diferentes acontecimientos y cada fase conlleva la expresión de diversos sen­timientos .









Las consecuencias psicológicas de la ruptura conyugal, se manifiestan tanto en los adultos como en los hijos. En los cónyuges aparecen la depresión expresa­da por tristeza, soledad, desilusión, llan­to y falta de motivación, y la ansiedad cuyos síntomas son la irritabilidad, la rabia, el odio, la desconfianza y los mie­dos que conducen a la evitación de situa­ciones que recuerdan su vida anterior. Además están presentes los trastornos del sueño y la baja autoestima.

También son frecuentes la falta de apoyo social, la confusión acerca de los roles sociales y sexuales, el incumplimiento del régimen de visitas y del pago de la pen­sión alimenticia. En algunas ocasiones, la separación conduce a la penuria económi­ca y al paro laboral 


La crisis de una separación se vive tam­bién de forma distinta, dependiendo de quien inicia o toma la decisión de separar­se. El que toma la decisión normalmente ha encontrado una alternativa mejor, o la separación le supone una liberación y un alivio, el que es dejado se siente fracasado y teme al futuro; en ambos casos aparecen problemas ya que la separación supone una ruptura de expectativas y la necesidad de un replanteamiento vital.


A pesar de que el proceso de separación lleva sentimientos de rencor y frustración, y a veces se busca castigar al otro cónyuge a través de los acuerdos que se tomen, el replanteamiento de la situación como una cese de convivencia de forma amistosa, puede repercutir de forma muy positiva en el futuro personal de ambos cónyuges, especialmente si hay niños en el núcleo familiar. Por ello, la mediación como un proceso de diálogo dirigido por un especialista, en el que ambas personas puedan expresar sus necesidades y temores de forma objetiva, puede producir acuerdos más satisfactorios a nivel económico y emocional.

ESTILOS DE AFRONTAMIENTO DEL CONFLICTO EN MEDIACION

En la fase de mediación de un conflicto de cara a un divorcio, existen diferentes estilos diferentes de afrontamiento del conflicto:



COMPETICIÓN-CONFRONTACION

La conducta competitiva busca satisfacer los propios intereses a expensas de los intereses del otro si es necesario. Refleja un enfoque clásico del conflicto ganar-perder. En esta estrategia el resultado de la negociación es más importante que la relación. Confrontar el conflicto es tender a verlo como un asunto de pérdida-ganancia. Se cree que una persona está en lo cierto y la otra está equivocada, con lo que los sujetos están determinados a ganar probando que tienen razón.

FASES DE LA MEDIACIÓN

La mediación se desarrolla a lo largo de varias fases :



Fase Introductoria


Esta primera fase es esencial para el desarrollo y establecimiento de una rela­ción que facilite el trabajo posterior. Este primer contacto incide sobre las expecta­tivas que trae la pareja acerca del procedimiento y el funcionamiento del servi­cio; permite conocer el grado de motiva­ción y de percepción de las partes impli­cadas sobre la labor del mediador.


En esta fase, es conveniente realizar la presentación de las normas y del esque­ma de trabajo organizado a seguir en las sesiones.




El mediador focaliza el trabajo a realizar en un objetivo en común, el bienes­tar de los hijos y de cada una de las par­tes. Esto crea un clima positivo que facili­ta la toma de decisiones y la resolución de discrepancias.


Además es preciso, en esta fase, valo­rar si lo que desea la pareja es una tera­pia para resolver sus problemas, o es un servicio de mediación que facilite la separación. También es el momento de decidir si algún miembro necesita ayuda psicológica por su situación emocional

NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO INFORMADO EN EVALUACIÓN DE MENORES

Ante un proceso de divorcio con hijos menores, es frecuente que uno de los progenitores desee realizar un peritaje de los niños con objeto de demostrar la idoneidad de que le otorguen a él la custodia.



En este punto es importante que la persona interesada en llevar a cabo este proceso tenga en cuenta la diferencia entre Informe pericial psicológico de (valoración de alternativas) de guarda y custodia; y otros títulos como: Informe psicológico pericial de competencia parental, Informe de relación paterno(materno)-filial y similares. Por tanto, en el caso de que no se trate de un «Informe de valoración de alternativas de guarda y custodia», porque no se valora a todo el conjunto de la unidad familiar, debe hacerse explícito.



CAMPOS DE ACTUACIÓN DE LA PSICOLOGÍA JURÍDICA


CUIDADO CON EL INTRUSISMO EN LOS PERITAJES PSICOLÓGICOS

Desgraciadamente es habitual peritajes psicológicos realizados por psicólogos que si bien tienen una excelente formación en Psicología Clínica, carecen de formación específica en Psicología Jurídica.


Es importante, a la hora de contratar un peritaje psicológico ponerse en manos de un profesional cualificado, que tenga formación en psicología clínica, pero también en los diferentes aspectos del Derecho del caso que se va a evaluar.


En primer lugar es imprescindible saber que el psicólogo que nos atiende NO puede realizarnos un peritaje psicológico: puede realizar un informe sobre su actuación sobre ese paciente, pero precisamente por el vínculo que se ha establecido, se comprende que posee una información sobre la parte (especialmente en casos de custodia) que le van a alejar de la imparcialidad.

EL PROBLEMA DE LA LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO

La ley contra la violencia de género supone una protección de la mujer contra el abuso y maltrato físico y/o psicológico del hombre hacia la mujer.


Es en sí loable que exista una protección contra este tipo de maltrato, y no podemos negar que en la mayoría de las situaciones el maltrato, especialmente el de peores consecuencias, es el ejercido por el hombre sobre la mujer.


Sin embargo la ley, en su intento de proteger a la mujer maltratada, deja una vía a las denuncias falsas, ya que en estos casos no existe de hecho una presunción de inocencia: una mujer denuncia a su pareja por malos tratos, no es necesario que exista una evidencia física del hecho, y al hombre sencillamente se le detiene y lleva esposado a los calabozos de los Juzgados, para al día siguiente (con su noche por medio) pasar a disposición judicial y mediante un juicio rápido ser condenado o absuelto.

REFLEXIONES EN FAVOR DE LA CUSTODIA COMPARTIDA

La custodia compartida supone que el padre y la madre tengan a los hijos en su compañía por un tiempo equiparado. Con ello se asume conjuntamente la autoridad y responsabilidad en relación a todos los aspectos que afectan al niño, proporcionándole a éste su derecho fundamental de seguir contando con ambos progenitores.



La disolución del matrimonio o ruptura de la pareja no debería llevar unido la ausencia de los progenitores en el día a día del niño, ya que esta relación es imprescindible para un buen desarrollo integral del menor.

DIMENSIONES DEL CONFLICTO EN SEPARACIÓN



¿ES LEGAL LA INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA DE UN MENOR A PETICIÓN DE UN SOLO PROGENITOR?



Es frecuente que uno solo de los progenitores decida realizar una exploración psicológica de un menor en un proceso de divorcio en el que la pareja va a entrar en un litigio por la custodia de los hijos.

Si bien el Juez puede pedir la evaluación del menor a los servicios psicosociales del Juzgado, una vez iniciado el procedimiento, hay ocasiones en que uno de los progenitores decide aportar una pericial privada. 

Toda persona que desee que su hijo menor sea sometido a una evaluación psicológica en un proceso de este tipo debe ser advertido que el resultado del informe será plenamente imparcial, y siempre se actuará en beneficio del menor. Igualmente será necesario que el otro progenitor esté informado, no siendo necesario su consentimiento.

Frecuentemente durante el Juicio, el abogado de la parte que no ha solicitado el informe, intentará que éste no sea tomado en consideración al no contar con el consentimiento expreso de su Cliente, pero el psicólogo debe tener clara su posición, respaldada por el código deontológico de su colegio profesional.

A continuación se exponen las recomendaciones al respecto del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid:

INFORMACIÓN AL COLEGIADO SOBRE INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS REALIZADAS A MENORES, A PETICIÓN DE UN SOLO PROGENITOR
Como consecuencia del aumento experimentado por los procesos de separación o divorcio en los que existen hijos menores, resulta cada vez más frecuente que uno solo de los progenitores acuda al Psicólogo/a, con su hijo menor, solicitando intervenciones psicológicas que puedan influir en la determinación de los derechos de guarda y custodia por parte del Órgano Judicial.
La proliferación de estas actuaciones ha conllevado también un aumento del número de denuncias deontológicas basadas, fundamentalmente, en el incumplimiento por parte del Psicólogo/a de su obligación de informar sobre la intervención del menor, al progenitor no solicitante de la misma, tal como establece el artículo 25 del Código Deontológico.
Por ello, y ante las dificultades prácticas que para muchos Psicólogos/as supone el cumplimiento de dicha obligación, y teniendo en consideración las obligaciones recíprocas de ambos progenitores, con respecto al ejercicio de sus respectivos derechos de "patria potestad", la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid considera que, a los efectos de dar  cumplimiento a dicha obligación, el Psicólogo/a puede proceder de la forma siguiente: 
  1. Informar al progenitor solicitante de la intervención, con carácter previo a la misma, sobre la obligación que le corresponde, por su condición de progenitor, de informar al otro progenitor del menor sobre la intervención psicológica que ha solicitado.


  2. Obtener del progenitor solicitante de la intervención, mediante la firma del correspondiente documento, su compromiso fehaciente de que informará al otro progenitor sobre la intervención psicológica que ha solicitado.


  3. Incorporar en todos los informes relativos a la intervención, una copia del documento de compromiso firmado por el progenitor solicitante de la intervención.
A los efectos de facilitar la actuación del Psicólogo/a en los casos señalados, se ha elaborado un modelo de documento (ver ficheros relacionados) el cual, una vez firmado por el progenitor solicitante, podrá ser remitido al Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid para su constancia y registro. 

CONSEJOS BÁSICOS PARA PADRES RECIEN DIVORCIADOS

Tras la separación, los padres divorciados se encuentran ante situaciones que no siempre son capaces de manejar adecuadamente, por esta razón es deseable tener en cuenta estas recomendaciones:




- Evita criticar o hacer comentarios negativos de tu ex pareja o su familia.

- Evita las situaciones que pongan al niño en posición de tener que optar por uno de los padres.

- No hagas partícipe a tu hijo de la situación del proceso judicial: información sobre el juicio, pensiones de alimentos, citas en el Juzgado, no forman parte de lo que deba saber el niño, que debe estar completamente ajeno a ello, porque le produciría muchísimo estrés. 

CO-PARENTALIDAD Y LA GUARDIA Y CUSTODIA COMPARTIDA

La co-parentalidad o responsabilidad parental conjunta, implica compartir todas las obligaciones de la vida diaria de los menores: alimentación cuidado, atención, educación, formación en valores.


La co-parentalidad implica tener en cuenta el derecho de los menores a convivir habitualmente con ambos progenitores que les proporcionan tiempo de calidad y atienden, solidaria y conjuntamente, todas las obligaciones cotidianas y funciones y tareas de cuidado y crianza (alimentación, cuidado, educación, formación, vigilancia...), y socializan, educan, orientan, forman hábitos, y dirigen la conducta de los hijos, de tal modo que éstos puedan construir una relación sólida, íntima y equitativa con ambos progenitores (en prevención de trastornos emocionales infantiles y adultos).


Este modelo supone superar las figuras clásicas de los progenitores "custodio" y "no custodio" o "visitante" (porque tiene derecho a visitas) y el desequilibrio que se produce entre ambos a los ojos de los hijos que sufrían la ausencia permanente y progresiva de uno de los progenitores y que poco a poco minaba la capacidad parental del progenitor no custodio (y se acentuaban los conflictos).


El modelo de co-parentalidad posibilita que los hijos no queden anclados en conflictos de lealtades en los que, para mantener al menos una fuente de apego, optan por alinearse con un progenitor frente al otro (con lo que se aliena su derecho a disfrutar y disponer de ambos progenitores).

PRINCIPIOS RECTORES EN LOS INFORMES PERICIALES PSICOLÓGICOS (DERECHO DE FAMILIA)

En derecho de familia, como en cualquier otro orden jurisdiccional, la pericial psicológica deberá enfocarse en relación al objeto pericial (de igual forma que en el resto del orden jurisdiccional). El principio rector de la intervención pericial es "el mejor interés del menor", que en términos psicolegales se traduce en determinar que contexto parental puede contribuir a una mejor adaptación del hijo a la situación de separación familiar (ajuste post-divorcio) y adecuación del menor en su desarrollo evolutivo.

DSM-5 COMO INSTRUMENTO CLÍNICO EN PSICOLOGÍA FORENSE

En Psicología, y en Psiquiatría se utilizan unos manuales de diagnóstico de trastornos mentales que sirven de forma de comunicación entre toda la comunicación científica respecto a la existencia de alguna patología.



Estos manuales se basan en criterios de cumplimiento de características patológicas para ser incluídos en una categoría. Habitualmente se utilizan el DSM-5 (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la APA, Asociación Americana de Psiquiatría), y el CIE -10, Que significa Clasificación Iternacionanl de Enfermedades.


Ambos sistemas clasificatorios coexisten e incluso en esta última versión del DSM, se utilizan los criterios numéricos expresados en el CIE para mayor integración.

Estos sistemas de clasificación son de gran utilidad en los procesos judiciales que requieren un peritaje psicológico forense, ya que al estar descrito cada criterio de inclusión y exclusión, supone una forma de ayudar a la Justicia en su toma de decisiones, al poder acudir a estos manuales para verificar los datos expuestos en los peritajes.

Conscientes de la importancia de este punto, el DSM-5 incorpora, por primera vez UNA DECLARACIÓN CAUTELAR PARA EL EMPLEO FORENSE 

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA FORENSE DEL DAÑO PSÍQUICO

La valoración del daño psíquico se contextualiza dentro de la jurisdicción penal y es de interés jurídico principalmente por tres aspectos:


- Facilita la calificación del hecho al Ministerio Fiscal 
- Facilita al juez el establecimiento de las indemnizaciones 
- Puede ser tenido en cuenta para fundamentar hechos probados

En relación con el último aspecto, no debe confundirse la utilización de la valoración del daño psíquico para fundamentar hechos probados con valoraciones sobre la credibilidad de las alegaciones de las víctimas. 

El concepto legal de daño psíquico haría alusión a todos aquellos desajustes psicológicos derivados de la exposición de la persona a una situación de victimización criminal (psicopatología traumática). Debe diferenciarse entre el daño psíquico y daño moral. El primero haría referencia a las consecuencias psicológicas derivadas del delito, siendo un concepto con base empírica, mesurable y objetivable y, por tanto, objeto de la intervención pericial. El segundo, haría referencia a todo aquel sufrimiento de la persona derivado del perjuicio a bienes inmateriales como el honor o la libertad siendo un concepto impreciso, no científico y sin posibilidad de cuantificación empírica y, por tanto, objeto de valoración por el juez y no por el perito 

El daño psíquico puede adoptar dos formas en terminología jurídica: 

  • lesión psíquica: alteración clínicamente significativa que afecta en mayor o menor grado la adaptación de la persona a los distintos ámbitos de su vida (personal, social, familiar o laboral). La cristalización de la lesión psíquica (secuela) suele expresarse, desde el punto de vista psicopatológico, mediante la aparición de rasgos desajustados en la personalidad de base que dificultan la adaptación del sujeto a su entorno (i.e., dependencia emocional, suspicacia, hostilidad y aislamiento social).
  • secuela psíquica: se refiere a la estabilización y consolidación de esos desajustes psicológicos Para delimitar la secuela psíquica debemos introducir un elemento cronológico (2 años desde la exposición al delito) y valorar la intervención clínica realizada. 
PSICOPATOLOGÍA Y VICTIMIZACIÓN CRIMINAL

Evaluar el impacto psíquico derivado de la exposición a una supuesta situación de victimización criminal implica un amplio manejo por parte del perito de la psicopatología asociada a la vivencia traumática.

Una situación de victimización criminal es un estresor psicosocial de primera magnitud en la vida de una persona, ya que es algo infrecuente en las experiencias humanas, desborda las estrategias de afrontamiento del sujeto y supone un grave riesgo para su seguridad. Estas situaciones son experimentadas, en la mayoría de los casos, con una fuerte emocionalidad negativa (vivencia traumática), susceptible de desestabilizar el estado psicológico del sujeto .

Frente a otras vivencias traumáticas (i.e., desastres naturales, accidentes, muerte repentina de un ser querido, etc.) las situaciones de victimización criminal tienen una mayor probabilidad de producir un impacto negativo en el estado psicológico del afectado (la probabilidad pasa de un 15-20% para los primeros casos, al 50-70% en los segundos) ya que provocan sensación de indefensión y vulnerabilidad, suponen la pérdida de la confianza en nuestros semejantes y despiertan sentimientos de ira y vergüenza.

Para valorar el impacto de una situación de victimización criminal debemos recurrir a la teoría del estrés transaccional de Lazarus y Folkman. Desde esta perspectiva el efecto de la exposición a un estresor de elevada magnitud estará en función de la interacción entre variables individuales y contextuales de la persona y la propia situación de victimización, donde se incluyen procesos cognitivos, emocionales y comportamentales, previos al suceso criminal, propio del mismo y posterior a este. La víctima desde este modelo teórico no es un agente pasivo en relación al suceso, sino que tiene un papel activo en el proceso de ajuste 

La magnitud del impacto psíquico asociado a una situación de victimización criminal estará modulada por distintos factores, que tradicionalmente se han agrupado en tres grupos: 

  1. factores relacionados con el delito 
  2. factores de protección o resiliencia 
  3. factores de vulnerabilidad 

El aspecto temporal del proceso de victimización debe ser tenido en cuenta por el perito, siendo el periodo idóneo para evaluar el daño psíquico 3-4 meses después del hecho delictivo, lo que facilita una adecuada valoración del curso y pronoóstico del cuadro clínico.  

CUADROS CLINICOS HABITUALES EN PSICOPATOLOGÍA TRAUMÁTICA. TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO Y TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO COMPLEJO

El cuadro clínico más representativo en psicopatología traumática es el trastorno de estrés postraumático (TEPT). La alta comorbilidad que presentan los sujetos con este diagnóstico pudiera ser un indicador de sus limitaciones en este sentido: entre un 80-85% presentan otro diagnóstico psicopatológico. El TEPT se asocia a delitos de impacto, como robos con violencia, violación, atentados. Se está introduciendo el concepto de Trastorno de Estrés Postraumático Complejo (TEPTC) relacionado con delitos de desarrollo prolongado (mobbing, violencia de pareja, abuso sexual intrafamiliar, secuestros prolongados, etc).

El tratamiento más eficaz para el TEPT se señala la terapia cognitivo conductual con técnicas de exposición (en imaginación o in vivo), reestructuración cognitiva y técnicas de manejo de ansiedad. De forma simultánea, en algunos casos es necesario tratamiento farmacológico (antidepresivos, estabilizadores del estado del ánimo u otros fármacos como los antiadrenérgicos y las benzodiacepinas)

Junto al estado psicológico/psicopatológico el perito psicólogo siempre deberá valorar la estructura de personalidad de base del evaluado. El estilo de personalidad aparece como un factor de vulnerabilidad/protección en psicopatología traumática, modulando la expresión de los trastornos psicológicos (eje I) o conformando por sí mismo un área de desajuste clínicamente significativo, es decir, un trastorno de personalidad 

Simulación, sobresimulación y disimulación

Simular implica la invención consciente y deliberada de un trastorno mental o físico con el propósito de obtener un beneficio personal (Inda, Lemos, López y Alonso, 2005). En ocasiones lo que se simula ya no es la patología en sí, sino su intensidad (sobresimulación). Los trastornos mentales más propicios para el fingimiento son el TEPT, los cuadros psicóticos, las demencias, las toxicomanías, los trastornos disociativos y el retraso mental (Delgado, Esbec y Rodríguez, 1994). Estos fenómenos cobran en el contexto forense una especial relevancia como demuestran sus altos índices de prevalencia (González, Santamaría y Capilla, 2012).

La detección de la disimulación, ocultación de síntomas para obtener un beneficio, resulta especialmente compleja, ya que la persona evaluada adopta una actitud defensiva tanto hacia la exploración pericial psicopatológica como a la administración de pruebas complementarias. Sin acceso a la historia clínica, la exploración forense puede verse seriamente limitada (Echeburúa, Muñoz y Loinaz, 2011). La disimulación suele llevarse a cabo con objeto de evitar un internamiento involuntario, en procesos de incapacitación civil, en la evaluación de la aptitud para el desempeño de un puesto de trabajo y la capacidad contractual, en procesos para valorar la idoneidad de guarda y custodia de menores o en procesos de tutela/curatela de incapacitados (Esbec, 2012). En el campo de la victimología forense se puede dar la paradoja de que personas que sufren daño psíquico, por la exposición a una situación de victimización, disimulen su estado clínico para evitar perjuicios en otros ámbitos legales (i.e., mujer víctima de violencia en su relación de pareja que se esfuerce por ocultar su sintomatología por temor a que sea valorada negativamente en el procedimiento civil de guarda y custodia). Los cuadros clínicos más tendentes a la disimulación son la depresión, el trastorno por ideas delirantes y el consumo de tóxicos (Delgado et al, 1994.).

Los criterios clínicos (i.e., DSM) para detectar simulación presentan escasa validez predictiva (80% de falsos positivos, Roger, 1990), por lo que se aconseja una estrategia multimétodo-multisistema para afrontar este diagnóstico diferencial. El proceso de evaluación de la simulación implica el uso de criterios diagnósticos múltiples en oposición a la utilización de una única prueba, la combinación de pruebas de screening de simulación (i.e., Inventario Estructurado de Simulación de Síntomas, SIMS), junto a pruebas de amplio espectro psicopatológico que cuenten con indicadores de validez (i.e., Inventario de Evaluación de la Personalidad, PAI, Inventario Multifásico de Personalidad de Minesota-2, MMPI-2, el Inventario Multifásico de Personalidad de Minesota-2-Reestructurado, MMPI-2-RF) y el contraste de información con diversas fuentes. La hipótesis de la simulación cobrará más fuerza en el proceso evaluativo cuando la convergencia de datos procedentes de diferentes fuentes y métodos indique claras inconsistencias con la clínica, curso y evolución del supuesto cuadro clínico (González et. al, 2012).

Algunos signos de sospecha surgidos de la práctica pericial son (Esbec y Gómez-Jarabo, 1999; Ruiz, 2007):

a. Falta de cooperación con el perito, actitud defensiva ante la evaluación con parquedad en la información aportada, discrepancia entre los datos suministrados por el peritado y la documentación existente (necesario vaciado de autos antes de enfrentar la exploración pericial).
b. Inexistencia documental de los trastornos aludidos (no intervenciones clínicas previas).
c. Falta de adherencia a los tratamientos psicofarmacológicos y/o psicoterapéuticos. 
d. Utilización de términos técnicos generales para describir su estado mental (e.g., ansiedad, depresión, etc.) advirtiéndose dificultad para explicar de una forma concisa y funcional la sintomatología que engloba el término (conceptos vacíos de contenido).
e. Escasos o nulos avances terapéuticos (en algunos casos incluso se refiere un empeoramiento tras la intervención sin fundamento clínico).
f. Recidivas contingentes con determinadas actuaciones judiciales en relación al proceso legal.
g. El peritado "predice" su empeoramiento o su falta de mejoría.
h. En la historia clínica del paciente aparece alguna intervención por la patología que pretende simular en la actualidad o el peritado cuenta con formación clínico-sanitaria o en su contexto próximo se ha padecido dicho trastorno. Una experiencia anterior facilitará una reproducción clínica más realista de los síntomas.
i. No se aprecia urgencia en el peritado para terminar con su condición psicopatológica. 
j. Conformación de base de personalidad propia de personalidades inmaduras (cluster B). Especial capacidad de simulación por su virtuosismo en el arte del engaño tienen las personalidades psicopáticas.
k. Es frecuente que los simuladores cedan al sesgo confirmatorio de preguntas periciales sugestivas y/o sugerentes de dificultades o alteraciones psicopatológicas.

La psicopatología traumática y en particular el TEPT es una de las patologías más tendentes a la simulación en el contexto forense, habitualmente asociado a la demanda de compensación o al beneficio social y a intentar conseguir una pena superior para el infractor (Guija, 2009; Knoll y Resnick, 2006).

En la evaluación de la simulación se está sugiriendo la utilidad de aplicar técnicas psicofisiológicas, que midan los cambios biológicos asociados a la reexperimentación de una vivencia traumática (i.e., incremento de la frecuencia cardíaca y de la presión sanguínea, aumento de la sudoración, etc.). En este sentido, también se han encontrado patrones cerebrales disfuncionales en las pruebas de neuro-imagen para el TEPT (Robles y Medina, 2008). Si bien es cierto que esta tecnología en la actualidad no estaría al alcance de la mayoría de los dispositivos forenses.

La dificultad en la detección de la simulación estriba en la ausencia de signos específicos e inequívocos de dicha condición. Por tanto, el perito deberá ser cauto a la hora de plasmar su impresión de una posible simulación en el informe pericial, utilizando el diagnóstico de sospecha (Esbec y Gómez-Jarabo, 1999). Por otro lado, la facilidad para acceder a información clínica por parte de la población general (i.e., internet, manuales, etc.) complica esta labor pericial (Guija, 2009).

El proceso de evaluación pericial psicológica

La evaluación psicológica forense comparte, desde el punto de vista metodológico, características comunes a toda evaluación psicológica, a la vez que presenta una serie de particularidades que conforman la idiosincrasia de esta actividad técnica. Las importantes consecuencias derivadas del informe pericial psicológico obligan al perito psicólogo a cuidar escrupulosamente las cuestiones técnicas y deontológicas de su intervención (Ackerman, 2010).

Al igual que cualquier otra evaluación psicológica, la desarrollada en el contexto forense debe regirse por los mismos principios que cualquier otra actividad científica, es decir, debe ser un proceso estructurado que permita su replicabilidad (transparencia en el proceso de evaluación), requiere de la formulación y contraste de hipótesis e implica un proceso de toma de decisiones para llegar a la solución de un problema evaluativo (Fernández-Ballesteros, 2007).

Además las características propias del contexto de exploración forense y el objeto de la intervención del psicólogo en este ámbito delimitan las características propias y claramente diferenciales del proceso de evaluación pericial psicológica (Echeburúa et al., 2011):

- La persona evaluada está inmersa en un proceso judicial, motivo de la intervención del psicólogo, no existiendo, por tanto, voluntariedad por parte de la persona sujeta a la exploración o se trata de una voluntariedad mediada por la estrategia de defensa de su letrado (informes periciales de parte).

- El paso por un proceso judicial es un estresor de primera magnitud para las personas, lo que supondrá un factor distorsionador de los datos de la exploración. Especialmente importante para el psicólogo será atender al error fundamental de atribución (explicar los desajustes psicológicos atendiendo principalmente a factores de la persona, subestimando la incidencia de los factores situacionales).

- Las ganancias secundarias derivadas del carácter probatorio de todo informe psicológico forense aumentan la probabilidad de manipulación de la información aportada por los evaluados, ya que pueden obtener un beneficio o evitar un perjuicio. Por tanto, será fundamental para el perito psicólogo contrastar los datos expuestos por los peritados con múltiples fuentes de información. Por otro lado, el profesional debe estar atento para no sugerir respuestas, así como a cualquier indicador de distorsión de la información.

- El objeto de toda exploración pericial psicológica es dar respuesta a la demanda realizada desde el ámbito jurídico, es decir, realizar una valoración psico-legal. Desde un punto de vista técnico, esta intervención implica conocer qué áreas del funcionamiento psicológico han de ser exploradas a tenor del objeto de la pericial y conocer la investigación científica en el campo para poder aplicar criterios decisorios basados en la evidencia empírica.

En victimología forense el perito psicólogo trabajará con dos tipos de hipótesis: hipótesis basadas en el supuesto de cuantificación (comprobar la existencia de desajustes psicológicos en la persona evaluada y delimitar su entidad clínica) e hipótesis basadas en el supuesto de semejanza (comparar hasta qué punto el perfil psicopatológico encontrado en un grupo de sujetos expuestos a una situación de victimización criminal semejante a la denunciada por la persona evaluada se encuentra presente en ésta). El perito psicólogo siempre trabajará con una hipótesis y la contraria, evitando así fenómenos como la profecía autocumplida o el efecto Pigmalión (Rosenthal, 2002).

El instrumento vertebrador de todo el proceso de evaluación psicológica forense será la entrevista pericial que adopta un formato semiestructurado con un estilo indirecto de recogida de información. Además de su riqueza, la entrevista, al ser una técnica interactiva, orientará al perito sobre qué contenidos deben ser evaluados mediante otros instrumentos.

En el transcurso de la entrevista el psicólogo forense realizará la exploración pericial psicopatológica. En el proceso de objetivar el daño psíquico el perito atenderá a la diferencia entre signo y síntoma. El signo, a diferencia del síntoma, es observable de forma objetiva y cuantificable o mesurable a través de procedimientos distintos a la apreciación subjetiva del evaluado.

No obstante, el perito no debe centrarse únicamente en la detección de signos/síntomas, sino que debe aplicar criterios para valorar la significación clínica de los mismos (Mesa y Rodríguez, 2007):

- Malestar emocional o sufrimiento subjetivo expresado por el evaluado (síntomas descritos y perfil psicopatológico arrojado por las pruebas psicodiagnósticas aplicadas).
- Pérdida de libertad y de autonomía. 
- Falta parcial o total de adaptación al entorno. 
- Vulneración de las normas sociales o morales.

Además, se pueden añadir dos características que afectarían a las personas que se relacionan con el evaluado: incomprensión de la conducta y malestar o sufrimiento personal.

Respecto a la utilización de estos criterios, existen unas pautas para su aplicación:

- Ningún criterio es, por sí mismo, indicador de trastorno mental.
- Ningún criterio es, por sí mismo, suficiente para determinar la significación clínica de los desajustes advertidos.
- La significación clínica debe ser siempre definida en virtud de varios criterios.

Para el proceso de contraste de hipótesis el psicólogo forense cuenta con todo el elenco de pruebas de evaluación psicológica. Una limitación es la escasez de instrumentos elaborados específicamente para su aplicación en el contexto forense. Para la evaluación del daño psíquico suelen utilizarse pruebas de amplio espectro psicopatológico, específicas de sintomatología traumática y de otros desajustes psicológicos asociados a vivencia victimizante. Como ya se ha señalado, también deberemos atender a la estructura básica de personalidad (tabla 4).


En la elección de pruebas tendrán prioridad las pruebas psicométricas, ya que cuentan con mayor aval científico (índices elevados de fiabilidad y validez, así como normativización de datos) si bien, al haber sido construidas principalmente para el contexto clínico, su eficacia decrece en el contexto forense (Fariña, Arce y Sotelo, 2010). A pesar de ello facilitan la detección de distorsiones en el estilo de afrontamiento del evaluado a la prueba, al contar con escalas de control de respuesta.

Las pruebas proyectivas, por su parte, por la falta de estructuración de sus elementos, son más difíciles de manipular pero introducen una elevada subjetividad en su interpretación, no aconsejándose el uso exclusivo de pruebas proyectivas en el proceso de evaluación forense (Vázquez-Mezquita, 2005).

La experiencia forense sugiere que resulta más útil la utilización de pruebas psicológicas para cuantificar la intensidad del daño psíquico que para demostrar su existencia (Calcedo, 2000).

En cualquier caso, la calidad del proceso de evaluación pericial psicológica no se circunscribe únicamente al aval científico de los instrumentos empleados, sino que también vendrá delimitada por la utilización de distintos métodos de evaluación para una misma dimensión psicológica dentro del proceso de contraste de hipótesis. Los índices de convergencia determinarán la calidad de la evaluación forense por encima de los índices de fiabilidad y validez de las pruebas individuales (Muñoz y Echeburúa, en prensa).

Factores moduladores del impacto psíquico tras una experiencia victimizante

Como ya se ha señalado, el impacto psíquico del delito está modulado por distintos factores que tradicionalmente según Echeburúa et al. (2004) se agrupan en:

1. Factores relacionados con la situación de victimización denunciada.
2. Factores de vulnerabilidad 
3. Factores de protección

Dentro de los factores relacionados con la situación de victimización criminal atenderemos a:

- Parámetros cuantitativos: frecuencia, intensidad y duración
- Parámetros cualitativos: nivel de vejación/humillación vivenciado por la persona denunciante.
- Lazo de afectividad con el agresor
- Consecuencias negativas múltiples derivadas del delito

A mayor frecuencia, intensidad y duración de la situación de victimización, a mayor vivencia de vejación o humillación por parte de la persona denunciante, a mayor vinculación afectiva con el imputado y a mayores consecuencias negativas derivadas del delito, mayor será la probabilidad de que los hechos denunciados hayan dejado una huella psicopatológica en la persona evaluada.

Los factores de vulnerabilidad son todas aquellas circunstancias personales y contextuales de la supuesta víctima que pueden amplificar y perpetuar el impacto del delito en su estado psíquico. En este sentido, no deben ser confundidos con los factores de riesgo, de nulo interés forense, que serían aquellas circunstancias personales o contextuales del individuo que aumentan la probabilidad de convertirse en víctima de un delito (elevan la oportunidad delictiva).

Entre los factores de vulnerabilidad de la víctima se han señalado (Echeburúa, 2009; Pérez y Vázquez, 2006):

a) Desajustes en la personalidad de base:

- Déficit en el rasgo apertura (dificultad para adaptarse a los cambios).
- Desregulación emocional 
- Pobre autoconcepto y baja autoestima 
- Estilo atribucional interno respecto a la responsabilización del delito (la persona se responsabiliza del delito bien por conductas que ha llevado a cabo, bien por aspectos de su personalidad). 
- Estilo atribucional externo respecto a la capacidad de superación del trauma (afrontamiento pasivo). 
- Bajo nivel intelectual 
- Limitaciones en la capacidad de resolución del duelo (percepción del delito como algo extremadamente grave e irreversible). 
- Trastorno de personalidad (Eje II)

b) Exposición a anteriores experiencias victimizantes 
c) Pobre red de apoyo social 
d) Reacción negativa del entorno (tanto en el sentido de falta de credibilidad y apoyo como de una excesiva sobreprotección).
e) Padecer una psicopatología previa (Eje I) 
f) Exposición a otros estresores vitales importantes (i.e., fallecimiento de un familiar, pérdida de empleo, ruptura de pareja, diagnóstico de una enfermedad grave, etc.).
g) Uso de alcohol y/o drogas como estrategia de afrontamiento

Los factores de protección o resiliencia comprenderían todas aquellas circunstancias personales y contextuales que amortiguarían el impacto del delito. Dentro de estos factores se han señalado (Carrobles y Benevides, 2009; Rojas, 2010; Vázquez, Castilla y Hervás, 2009):

a) Variables de personalidad:

• Control emocional 
• Adecuado autoconcepto y autoestima con aceptación de las limitaciones personales. 
• Flexibilidad cognitiva 
• Tendencia al optimismo 
• Estilo atribucional externo respecto a la responsabilidad del delito. 
• Estilo atribucional interno respecto a la capacidad de superación del trauma (afrontamiento activo y sensación de ser capaz de controlar el curso de los acontecimientos). 
• Tendencia a experimentar emociones positivas

b) Estrategias de reinterpretación positiva de situaciones y hechos adversos.
c) Apoyo social y participación en actividades sociales 
d) Implicación activa en el proyecto de vida (profesión, familia, actividades de voluntariado, etc.).
e) Afrontamiento de las dificultades cotidianas 
f) Aficiones gratificantes y gran variedad de intereses 
g) Sentido del humor 
h) Existencia de un propósito significativo en la vida 
i) Recibir apoyo psicológico profesional

La excesiva adhesión al modelo médico-legal por parte de la psicología forense ha conllevado una focalización de la atención en la evaluación pericial psicológica del daño psíquico en la detección de signos psicopatológicos derivados del delito en detrimento de la evaluación de los factores de protección. En este sentido la investigación señala que hay personas que no solo mitigan el impacto de una situación delictiva por sus factores de protección, sino que salen fortalecidos de la experiencia -crecimiento postraumático (Vázquez et al., 2009).

Victimización Secundaria

La victimización secundaria constituye el conjunto de costes personales que sufre la persona denunciante de un delito por su paso por el sistema de justicia.

Entre los factores que contribuyen a la victimización secundaria se han señalado (Albertín, 2006):

- Dar prioridad a la búsqueda de la realidad objetiva del suceso delictivo olvidando la atención a la víctima o despersonalizando su trato.
- La falta de información sobre la evolución del proceso, sobre la sentencia y sobre el destino del imputado.
- La falta de un entorno de intimidad y protección 
- Desconocimiento por parte de la víctima de los roles de los distintos profesionales que intervienen en el proceso judicial, lo que supone una dificultad para establecer relaciones adecuadas: intencionalidad de las preguntas, imposibilidad de explicación, momento de intervención, etc. 
- La excesiva lentitud del proceso judicial y su interferencia con el proceso de recuperación y readaptación de la víctima. 
- Durante la vista oral, la descripción del delito, el cuestionamiento de su credibilidad y el contacto con el ofensor son importantes inductores de tensión.

La reciente propuesta realizada por el Ministerio de Justicia de crear el Estatuto de la Víctima de Delito, entro otros aspectos, trata de minimizar la victimización secundaria.

La exposición de la persona evaluada a factores de victimización secundaria también deberá tenerse en cuenta en la valoración forense del daño psíquico por su contribución al estado psicológico o a la evolución clínica (Sarasua, Zubizarreta, De Corral y Echeburúa, 2012). En algunos casos incluso se puede solicitar del perito psicólogo que valore la repercusión que para la estabilidad psicológica de la persona denunciante puede suponer su intervención en el juicio oral. En estas situaciones el técnico puede sugerir alternativas legales para minimizar los posibles efectos negativos sin vulnerar las garantías procesales del imputado, como por ejemplo la declaración mediante videoconferencia.

Diseño del proceso de evaluación pericial del daño psíquico

Atendiendo a la demanda psico-legal podemos protocolizar la evaluación pericial del daño psíquico en los siguientes pasos:

1.- Análisis de la potencialidad del hecho delictivo denunciado para producir desajustes en el estado mental de la persona (capacidad traumática); para ello el perito psicólogo se servirá de las descriptivas aportadas por la persona denunciante en relación a la supuesta situación delictiva vivida. Cuando existe una desproporción clara entre el suceso y los indicadores clínicos detectados, una vez descartada la simulación el suceso puede ser necesario pero no suficiente y habría que atender a los factores de vulnerabilidad del sujeto en la explicación de su estado psicológico actual (Robles y Medina, 2008).

Para el caso de determinadas situaciones de victimización criminal (i.e., violencia de pareja o acoso laboral) en las que se cuenta con criterios definitorios de las mismas, según distintas investigaciones al respecto, esta descriptiva también servirá para realizar los oportunos análisis diferenciales, por ejemplo entre violencia de pareja o relación disfuncional (Johnson, 2008), o entre mobbing y burnout (González-Trijueque, 2007).

2.- Detección de desajustes psicológicos en la persona evaluada a través del proceso de evaluación pericial psicológica (valoración de la lesión psíquica, perspectiva idiográfica) y establecer un diagnóstico nosológico con arreglo a las clasificaciones internacionales de los trastornos mentales (OMS o APA). De especial interés será descartar posible simulación o sobresimulación.

3.- Análisis de la relación de causalidad. Para ello el perito deberá comparar, a modo de guía, los desajustes encontrados en la persona evaluada con los datos encontrados en grupos de sujetos expuestos a situaciones de victimización criminal similares (perspectiva nomotética).

Para establecer la relación de causalidad se atenderá a la coherencia entre los síntomas y su evolución con la experiencia victimizante descrita por la persona evaluada. En este análisis resulta fundamental realizar una valoración de posibles concausas. Las concausas hacen referencia a factores bio-psico-sociales que, aunque necesarios, no son suficientes para generar los desajustes psicológicos detectados en la persona evaluada, pero complican el cuadro clínico (Esbec, 2000). Las concausas pueden ser pre-existentes (i.e., desajustes en la personalidad de base, revictimización o presencia de una psicopatología previa), simultáneas (i.e., consecuencias negativas múltiples derivadas del delito) o posteriores (i.e., exposición a otros estresores vitales importantes, uso de alcohol/drogas como estrategia de afrontamiento inadecuada, reacción negativa del entorno o contar con una pobre red social). La dificultad principal está en delimitar la incidencia de las concausas en el estado psicopatológico actual de la persona evaluada (Echeburúa et al., 2004). En algunos casos, en los que existe una psicopatología previa (i.e., trastorno límite de personalidad), es especialmente complicado delimitar si la clínica detectada en el momento de la exploración corresponde a la propia dinámica del cuadro o se trata de una desestabilización producida por los supuestos hechos denunciados.

De especial complejidad para el perito psicólogo resulta también descubrir la exposición de la persona evaluada a otros estresores psicosociales con capacidad para generar el cuadro clínico detectado. Por ejemplo, en un caso trabajado por el autor se objetivó sintomatología traumática compatible con los supuestos hechos denunciados (i.e., violencia por parte de la pareja), si bien la investigación posterior señaló que dicha vivencia traumática se debía a la posibilidad de que se descubriera la doble vida que llevaba la persona evaluada (i.e., se anunciaba en páginas web para mantener relaciones masoquistas).

4.- Valoración del impacto psíquico: tiempo de curación y secuela. Son los dos factores relacionados directamente con la indemnización económica derivada del delito (Guija, 2009).

La valoración de la secuela psíquica incluye atender a tres criterios:

- Criterio cronológico (dos años después de la exposición a la situación de victimización denunciada). Como esperar dos años dilataría en exceso el proceso judicial, además de contribuir a la victimización secundaria, lo que suele realizarse por el perito psicólogo es una estimación del tiempo de curación y posible secuela, para lo cual resultará imprescindible contar con información clínica del paciente.
- Estabilización de la sintomatología
- Estancamiento de la terapia aplicada. El perito valorará si la intervención clínica ha sido la adecuada y si ha existido adherencia al tratamiento por parte de la persona evaluada (vide infra).

El tiempo de curación ha de fijarse por el perito en número de días, cuestión altamente difícil en el campo psicopatológico. Para realizar dicha valoración es fundamental que el perito pondere la siguiente información: a) si la persona evaluada se ha sometido a tratamiento clínico, b) si este tratamiento ha sido dirigido por el profesional/dispositivo adecuado, c) si la intervención seguida es la apropiada según la evidencia empírica disponible (i.e., guías de tratamientos psicológicos eficaces) y d) si ha existido adecuada adherencia al tratamiento por parte de la persona evaluada. En el caso de que no se cumplan estas condiciones será difícil valorar si el estado clínico residual se debe a la situación de victimización denunciada, a una inadecuada intervención clínica o a la desidia de la persona evaluada.



5.- Valoración del grado de incapacidad funcional. Al no existir baremo específico para las situaciones de victimización criminal el baremo de responsabilidad civil de vehículos a motor (Ley 21/2007, de 11 de julio) ha sido reconocido por la jurisprudencia (STS, de lo Civil, de 14 de junio de 2007) como orientativo para supuestos distintos a los de tráfico (Guija, 2009). La valoración de la secuela psíquica debe realizarse, en primer lugar, atendiendo a un diagnóstico recogido en las clasificaciones internacionales de los desórdenes mentales y, después, atendiendo a la disminución de la capacidad funcional de la persona evaluada, derivada del cuadro clínico y reflejada en los diferentes ámbitos de su vida: social, personal, laboral y familiar (Robles y Medina, 2008).